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La Carta de las Naciones Unidas (2/4): Propósitos y principios

Los fines y propósitos de las Naciones Unidas aparecen formulados en el Preámbulo y el artículo 1 de la Carta, en los siguientes términos:

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas. Resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida han inflingido a la Humanidad sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas; a crear condiciones bajo las cuates puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad…”

MÁS INFORMACIÓN: Texto original completo de la Carta de las Naciones Unidas (web oficial)

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas

Primero.- Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

Segundo.- Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basándose en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.

Tercero.- Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y

Cuarto.- Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

Si nos hemos detenido en citar ambos textos es porque en ellos aparece formulada la filosofía política inspiradora de toda la actividad de la Organización. No se trata sólo de una mera enumeración de fines generales, más o menos imprecisos, cuya validez jurídica es incuestionable. Se trata, precisamente, de aquella parte del Tratado fundacional de la Organización de las Naciones Unidas al que debemos remitirnos para descubrir la interpretación correcta del resto de su articulado, así como para realizar una correcta valoración política de sus actuaciones a lo largo de su trayectoria histórica.

En el artículo 1 se establece una jerarquía entre los diversos propósitos enunciados. En ella, el primer fin de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacionales. Evidentemente el hecho de que la organización se geste durante la contienda bélica y se constituya en los primeros meses posteriores a su conclusión, no es ajeno a la importancia que se le atribuye a ambos objetivos en el futuro orden internacional.

Una observación se impone antes de seguir adelante. En la Carta de San Francisco el fenómeno de la paz aparece íntimamente asociado al de la seguridad. Entre los países fundadores no se conciben unas posibilidades serias de alcanzar y garantizar la paz internacional sin instrumentos eficaces que generen y perpetúen la seguridad entre los países de la comunidad internacional. A «sensu contrario» se podría afirmar que todos aquellos fenómenos o procesos que provocan inseguridad entre los miembros de la comunidad internacional amenazan la paz y, consiguientemente, caen dentro de la esfera de competencias de la organización por afectar a su finalidad prioritaria.

La propia Carta establece una distinción entre dos categorías de fenómenos perturbadores de la paz y la seguridad internacionales:

a) Los actos de agresión o quebrantamientos de la paz.

b) Las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la Paz.

En otras palabras, diferencia entre las actividades que implican el uso de la violencia, de aquellas otras que, aun suponiendo un conflicto entre las partes, se desarrollan en el ámbito no violento de las relaciones internacionales. Respecto de las primeras se contemplan medidas colectivas, tanto de prevención como de intervención, por parte de la propia Organización, y la única cualificación que se establece respecto de ellas es que deben ser «eficaces». En consecuencia, se adopta el criterio de la seguridad colectiva, en su doble dimensión: como fin y como medio.

Con relación al segundo tipo de fenómenos que entrañan un riesgo o amenaza indirecta y potencial para la paz, se contempla la adopción de medidas de solución pacífica de conflictos que además deben cumplir dos condiciones: ajustarse a principios de justicia y ser conformes a la legalidad internacional.

En consecuencia, podríamos afirmar que la Organización queda así limitada en ambos supuestos, por el principio general de proporcionalidad entre medios y fines. Ciertamente la Carta legaliza y legítima el uso de la violencia por la Organización en nombre de la comunidad internacional, pero no es menos cierto que esta, legalización no es genérica e ilimitada, y está sometida a serias restricciones de carácter formal y material.

Pero la propia Carta considera también que la paz y seguridad internacionales no sólo se alcanzan mediante medidas de naturaleza política (diplomáticas o militares) o jurídica, destinadas a prevenir, reducir o eliminar los conflictos internacionales. Junto a ellas es necesario adoptar medidas orientadas a potenciar las relaciones de cooperación. Estas son consideradas también como objetivos básicos que deben orientar la actividad de la Organización, y con el transcurso de las décadas y el incremento del número de estados miembros, estas finalidades han llegado a constituir el sustrato más amplio e intenso de las tareas de la Organización. En tal sentido, se mencionan expresamente tres formas genéricas de cooperación que implican otros tantos niveles de compromiso y protagonismo:

a) Fomento de las relaciones de amistad entre las naciones

Tales relaciones de amistad pueden sustentarse en los principios internacionales: 1º: la igualdad de derechos entre los pueblos y 2°: su libre determinación.

Es de destacar que la referencia a ambos principios en este artículo de la Carta se realiza sin ningún tipo de restricción a su condición de miembros, de lo que cabe deducir su validez universal, y por tanto la atribución de competencias implícitas a la organización para fomentar cuantas relaciones de amistad se desarrollen entre las naciones, sean, o no miembros de la Organización siempre que cumplan con estos principios.

b) Realización de actividades de cooperación internacional

Actividades que tengan por finalidad la solución de problemas internacionales (económicos, sociales, culturales o humanitarios) y la defensa y desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como cuantas otras medidas fortalezcan la paz internacional.

Si en el supuesto anterior se le atribuía a la Organización un protagonismo indirecto o mediato respecto de los pueblos y/o naciones como principales actores de la adopción de medidas de cooperación, en este caso la Organización incorpora como parte de sus fines la intervención directa, la ejecución inmediata de soluciones específicas destinadas a resolver la diversidad de problemas que afectan a las relaciones, entre los miembros de la comunidad internacional y amenazan con provocar una ruptura del orden pacífico. Resulta especialmente reveladora la expresa mención de los derechos humanos y libertades fundamentales, como uno de los ámbitos en los que se le confiere a la Organización una intervención activa.

La intervención activa y resolutoria de la Organización en los problemas internacionales sólo cuenta con una limitación imperativa: la no discriminación por razones de sexo, raza, idioma o religión. En nuestra opinión, el principio de no discriminación está referido tanto a la defensa de los derechos humanos como a cuantas soluciones se arbitren por la Organización a los problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios.

Semejante interpretación no equivale a considerar que la Organización no adopte soluciones ante las desigualdades o discriminaciones internacionales que ciertas colectividades sufren precisamente en razón de su sexo, raza, idioma o religión, porque ello pudiese interpretarse como un reconocimiento implícito de tales diferencias, que, por otro lado, forman parte de esa realidad problemática que la Organización está llamada a resolver. Lo que significa es que la Organización debe desarrollar sus actividades de cooperación siguiendo los criterios de eficacia y adecuación de tales medidas para la solución de los problemas que afectan a la paz internacional, sean cuales sean las características de sexo, raza, idioma o religión de las colectividades a las que tales medidas vayan destinadas, y que nunca estas características constituirán el criterio decisivo para determinar la adopción o no de las actuaciones de la Organización.

c) Institucionalización de los esfuerzos internacionales para alcanzar los fines comunes de paz y seguridad.

Sintetizando todo lo anterior, podríamos decir que el artículo 1 establece los fines que justifican la existencia de la Organización. Tales objetivos o propósitos de las Naciones Unidas se diferencian entre sí atendiendo a su importancia intrínseca para la supervivencia y evolución progresiva de la propia sociedad internacional. Desde esta perspectiva debemos distinguir entre el objetivo principal que sería la garantía de la paz, y los objetivos secundarios, entre los que se encontrarían: la seguridad internacional, el fomento de las relaciones de amistad entre los pueblos y/o las naciones, la solución de los problemas internacionales económicos, sociales, culturales y humanitarios; el desarrollo y protección de los derechos humanos, la creación de instituciones que faciliten la cooperación internacional.

Estos últimos sólo adquieren su plenitud de significado para la organización en la medida en que contribuyen directamente a la materialización efectiva del fin principal. Establecidos los fines que justifican la existencia y atribución de competencias a la Organización, la Carta especifica aquellos principios que deben presidir y, al propio tiempo, limitar las actuaciones, tanto de la propia Organización como de los propios miembros. Estos principios aparecen enunciados principalmente en el artículo 2 y en algunos otros artículos concordantes de la Carta. Podemos agruparlos en tres categorías:

a) Principios declarativos

1. El Principio de igualdad soberana de todos los estados miembros.

Este principio sustenta dos valores fundamentales y mutuamente relacionados. De una parte se reconoce que la creación y el funcionamiento de la Organización descansan en la existencia de los poderes soberanos de los estados con los que resulta plenamente compatible. Desde esta perspectiva, las Naciones Unidas no pretenden convertirse en una Organización supraestatal ni mucho menos, en un gobierno mundial susceptible de asumir total o parcialmente las actuales competencias soberanas de los países miembros. El reconocimiento de esta soberanía estatal conduce necesariamente al respeto, por parte de la Organización, de aquellas materias y competencias que pertenecen a la esfera reservada de la soberanía estatal.

Por otro lado, el principio establece la igualdad de todos los estados. Ciertamente, esta igualdad debe interpretarse como igualdad jurídica o igualdad ante la norma jurídica que obliga y protege a todos los estados miembros por igual, sean cuales sean sus potencialidades económicas, territoriales, militares, demográficas, etc. Naturalmente este principio no desconoce la existencia de tales diferencias «de facto» entre los países que, ciertamente, terminan condicionando la eficacia política del principio que sigue conservando íntegra su validez jurídica. Esta insoluble tensión entre la realidad política y jurídica ha tratado de ser mitigada, precisamente para lograr una mayor eficacia de la Organización, en el principal órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad, reconociendo a aquellos países que en el momento fundacional gozaban de un poderío mundial indiscutible de una representación permanente y un limitado «derecho de veto».

2. El principio de la Justicia en la solución pacífica de conflictos (artículos 1, párrafo 1, y 2, párrafo 3).

Este principio impone la necesidad de que las actuaciones de la Organización y de sus miembros, encaminadas a la resolución por medios pacíficos de los conflictos que amenazan la paz internacional, deben responder no sólo a la legalidad internacional, es decir, ajustarse al Derecho Internacional, sino también a los criterios de justicia, incluida la justicia social, que la Comunidad Internacional acepta plenamente.

3. El principio de libre determinación de los pueblos (artículo 1).

Este principio figura recogido en el artículo 2; sin embargo, el desarrollo normativo y la práctica de las Naciones Unidas avalan, sin ningún tipo de reserva, el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos como uno de los principios jurídico-políticos rectores de la vida internacional. El alcance histórico de la adopción de este principio en la Carta, se puede comprender plenamente desde la atalaya de la Sociedad internacional de nuestros días en la que el proceso de descolonización se encuentra prácticamente concluido.

4. El principio de universalidad de la paz y seguridad internacionales.

Este principio subraya la idea de que el logro y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales no son únicamente unos objetivos importantes para la Organización y sus miembros, sino que constituyen unos valores fundamentales de las relaciones entre todos los miembros de la Sociedad Internacional con independencia de su pertenencia a las Naciones Unidas. Esta dimensión universal nace tanto de la experiencia inmediata que los países aliados habían adquirido sobre las dimensiones mundiales que los conflictos bélicos podían adquirir, como de la creciente conciencia de la mutua vulnerabilidad que en el plano político-militar poseían todos los países, especialmente a partir de la experiencia nuclear.

La paz y la seguridad internacionales, en cuanto principios universales, marcan los límites de la soberanía estatal y condicionan los medios que la Comunidad Internacional considera aceptables para que los estados se relacionen entre sí.

5. El Principio de supremacía jurídica de la Carta. (Artículo 103).

Según lo dispuesto por el artículo 103: «En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas, en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.» Semejante texto establece una superioridad jurídica de la Carta de las Naciones Unidas respecto de otros tratados internacionales, anteriores o posteriores, que obliga a los estados miembros, pues éstos han realizado una expresa aceptación de los términos de la Carta, incluido el artículo 103, ya fuese en el momento de su aprobación en 1945 o en el momento de su adhesión posterior. En virtud de ello no han faltado autores que han considerado a la Carta de las

Naciones Unidas un tratado especial y único. Sin entrar en el debate técnico-jurídico respecto de la supremacía de la Carta en relación con tratados anteriores o posteriores concluidos entre un Estado miembro y un Estado no miembro, sí conviene señalar algunas ideas importantes. En primer término, dado que en la actualidad la Organización cuenta entre sus miembros con la casi totalidad de estados de la Sociedad Internacional y está vinculada a un número significativo de importantes Organizaciones Internacionales, Gubernamentales y no Gubernamentales, debemos aceptar que el ámbito de aplicación de este principio se ha ampliado sustantivamente respecto del momento de la fundación de las Naciones Unidas.

Finalmente; convendría recordar que esta supremacía jurídica posee importantes efectos políticos, económicos, sociales y humanitarios para la Sociedad Internacional, en la medida en que la Carta atribuye obligaciones y competencias a la Organización en todas estas materias.

b) Principios de actuación

Estos principios imponen obligaciones de acción a los estados miembros o a la propia Organización, de tal modo que la mera omisión constituye en sí misma una violación de los principios. Entre ellos destacan:

1. El principio de cumplimiento de buena fe de las obligaciones establecidas por la carta.

2. El principio de arreglo pacífico de controversias.

3. El principio de asistencia a la Organización

INTERESANTE: Vídeo de la Conferencia de San Francisco, donde se creó la Carta de las Naciones Unidas

DESCARGAR TRABAJO COMPLETO: La Carta de las Naciones Unidas (Carolina García, Marzo 2014. 16p)

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Acerca de Carolina García 21 Articles

Tallínn, Estonia. Jurista y Mediadora, estudiante de Ciencias Políticas en la UBU. Actualmente trabajando en el programa europeo SVE para EstYes como mediadora intercultural y preparando oposicones a la UE. Apasionada del Derecho Internacional. Cuento con un máster en la Unión Europea y otro Máster en Mediación y Resolución de Conflictos. Espero poder compartir con todos vosotros artículos interesantes en elordenmundial.com.
Twitter: @_Iuris_CGH
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2 comentarios en La Carta de las Naciones Unidas (2/4): Propósitos y principios

  1. Carolina me alegro mucho que vuelvas a escribir sobre Derecho Internacional, hacia mucho que no te veía colaborando con páginas y es un honor poder leerte de nuevo. Te sigo desde tus comienzos y cada vez escribes mejor, me alegra que estes haciendo un máster en la UE ánimo con las oposiciones y con esta hermosa rama del derecho. Mis felicitaciones también al creador del blog, será una persona con mucho futuro dentro de las relaciones internacionales y la geopolítica.

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