Estados Unidos, el Triángulo Norte de Centroamérica y un plan para reducir la migración

Migrantes centroamericanos esperando a los trenes de mercancías en el municipio de Arriaga/Magnum Photos – Alex Webb

Durante los últimos años, la región del Triángulo Norte de Centroamérica, conformada por los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, se ha caracterizado por ser una zona estratégica para el tránsito de drogas ilegales y concentrar altos índices de violencia debido a la presencia creciente de grupos de crimen organizado y maras. Sin embargo, estos países enfrentan distintos problemas dentro de las áreas socioeconómicas y de seguridad que constituyen las principales razones por las cuales muchas personas deciden migrar a Estados Unidos de forma ilegal.

No obstante, la migración ilegal hacia Estados Unidos no es un problema nuevo; ha representado grandes dificultades para tomar medidas efectivas con el objetivo de disminuirla. Durante los años 2013 y 2014, Estado Unidos enfrentó una crisis migratoria debido a la gran cantidad de menores de edad no acompañados por adultos, quienes fueron detenidos en centros fronterizos, levantando alertas humanitarias especialmente relativas a derechos humanos y de la niñez.

Esta situación ha promovido impulsar la propuesta del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y los de Guatemala, El Salvador y Honduras cuya finalidad reside en aportar apoyo financiero para enfrentar los problemas económicos y de seguridad en la región, de manera que, a mediano plazo, se logre una reducción en los flujos de migración ilegal hacia el norte del continente americano.

Emigración del Triángulo Norte

El fenómeno reciente de la migración ilegal de centroamericanos hacia Estados Unidos puede establecer su origen en la situación sociopolítica de los años 80, cuando la región enfrentaba guerras civiles dentro de sus países, por lo que la salida del país de origen era una forma de huir de la violencia producto del enfrentamiento entre fuerzas del Estado y las guerrillas. Al acabar formalmente los conflictos, la situación de violencia se transformó en lo que prevalece actualmente: los Estados enfrentándose a grupos relacionados con el narcotráfico y maras.

De acuerdo con el Informe Global de Homicidios 2013, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), Honduras cuenta con la tasa más alta a nivel mundial con 90,4 casos de homicidio por cada 100.000 habitantes, mientras que El Salvador y Guatemala ocuparon el cuarto y quinto puesto con tasas de 41,2 y 39,9, respectivamente. De tal manera, la región del Triángulo Norte concentra las tasas más altas sobre homicidios, haciéndolo uno de los territorios más inseguros y violentos del mundo. Es relevante señalar que, aunque poco perceptible, de 2013 a 2016 se han reducido las cifras.

La población juvenil es la más vulnerable, con servicios educativos y de salud deficientes, altos índices de desempleo y susceptibilidad a integrar o ser reclutados por grupos de crimen organizado. En ese sentido, las perspectivas de desarrollo social y económico son escasas en la región; a nivel interno, la emigración representa una pérdida de capital humano.

De acuerdo con datos de Migration Policy Institute para el año 2009, un total de 82,9% del total de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos provenían del Triángulo Norte. En 2013, las estimaciones indicaban que residían de manera ilegal 704.000 personas guatemaltecas, 436.000 salvadoreños y 317.000 hondureños, es decir, cerca de 1,5 millones de personas del Triángulo Norte. Las rutas migratorias consisten en pasar las fronteras nacionales, en el caso de El Salvador y Honduras, hasta llegar a la frontera Guatemala-México para luego dirigirse, por diversos caminos, a la frontera sur de Estados Unidos.

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Los beneficios económicos que representa la emigración están vinculado principalmente al envío de remesas, asignaciones monetarias de los emigrantes hacia los familiares en los países de origen. En el entorno familiar, es un ingreso sustancial para la mejora de sus condiciones de vida, y a nivel nacional estas remesas impactan en el crecimiento económico y en la generación de divisas. Los datos del Consejo Monetario Centroamericano (CMC) indican que en 2015 los países del Triángulo Norte recibieron 14.291,30 millones de dólares en remesas; Guatemala fue el principal receptor, seguido por El Salvador y Honduras.

Si bien la mayor cantidad de personas que ingresa a Estados Unidos proviene de México, en las estadísticas lo siguen Guatemala, El Salvador y Honduras. Las cifras de la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas en inglés) establecen que en el año fiscal 2014 fueron deportadas 122.298 personas provenientes del Triángulo Norte, y en 2015 la cifra fue de 75.478 personas. Además, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre 2010 y 2014, las solicitudes de asilo en Estados Unidos aumentaron un 410%.

Crisis migratoria y alerta humanitaria

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró en junio de 2014 una alerta humanitaria debido a la crisis migratoria de menores no acompañados. Esta surge en el año fiscal 2013-2014 (1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), evidenciando que cerca de 69.000 menores de edad fueron detenidos en las zonas fronterizas de Estados Unidos, de los cuales más de la mitad provenía del Triángulo Norte de Centroamérica. La cifra reflejaba más del doble de detenidos que lo registrado un año antes, por lo que fue sumamente notorio que los centros de detención se vieron hacinados y el sistema de justicia, saturado para atender los casos. Lejos de acabar con esta situación, los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (US Custom and Border Protection) muestran que en 2015 cerca de 40.000 menores fueron detenidos, y para el mes de abril de 2016 se registraron casi 33.000 detenidos.

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos
Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

Los peligros que representa seguir una ruta ilegal de migración van desde las condiciones inhumanas del viaje y la exposición a ser capturados, reclutados o ejecutados por redes criminales que dominan el territorio de tránsito hasta las consecuencias judiciales por evadir los controles migratorios en caso de ser detenidos, principalmente la deportación. Ello, por supuesto, se ve agravado cuando son menores de edad quienes cruzan las fronteras ilegalmente.

De manera general, el motivo principal que promueve la migración ilegal de menores de edad hacia Estados Unidos es la situación económica poco favorable, determinada por oportunidades laborales escasas y servicios educativos, salud y nutrición de baja calidad. Otra de las razones por la que deciden migran es huir de la inseguridad y violencia que impera en el Triángulo Norte centroamericano.

La región es una zona geográfica estratégica para el tránsito de ilegal de drogas, armas y personas, por lo que la presencia de grupos de crimen organizado y maras hace que los menores sean vulnerables a ser reclutados. Otra de las principales razones es la reunificación familiar: la migración de adultos ha dejado familias desintegradas en sus países de origen; por ello, muchos de los menores que intentan llegar a Estados Unidos pretenden encontrarse con sus padres o familiares.

Adicionalmente, se advirtió la existencia de rumores de que los menores de edad no se enviaban de vuelta a sus países de origen y que podían obtener permiso para permanecer en Estados Unidos. La realidad, distinta a ello, era que, debido a los lineamientos de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano (TVPRA en inglés), aprobada en 2008, los menores eran remitidos a un proceso judicial para establecer su situación. Al estallar la crisis, había una gran cantidad de menores de edad pendientes de ser atendidos en una corte, ya fuera por la gran cantidad de casos o porque los menores no cuentan con un abogado.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

El Triángulo Norte es una región que pretende promover su integración económica y ha suscrito acuerdos comerciales con países como México, Colombia y Estados Unidos. Los planes conjuntos entre Estados Unidos y la región latinoamericana en general no son algo nuevo; ejemplo de ello es el Plan Colombia o el Plan Puebla-Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, dirigidos principalmente al ámbito de seguridad e integración comercial.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad surge como solución a corto y mediano plazo, con una duración de 5 años, para frenar el flujo migratorio a través de la financiación y promoción de acciones dirigidas al crecimiento económico, desarrollo y seguridad de la región.  Fue impulsado por los presidentes de la región del Triángulo Norte: Otto Pérez Molina (2014-2015) y Jimmy Morales (2016) en Guatemala, Salvador Sánchez Cerén en El Salvador y Juan Orlando Hernández en Honduras; por parte del Gobierno de Estados Unidos, participó activamente el vicepresidente Joseph Biden, así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que proporcionó apoyo técnico y financiero.

Los lineamientos de acción que se proponen en el Plan de la Alianza son dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas, desarrollar oportunidades para desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza hacia los Estados.

Las acciones planeadas para dinamizar el sector productivo giran alrededor de promover los sectores textiles, agroindustrial, de industria ligera y turística, así como atraer fuentes de inversión privada y extranjera, reducir los costos de energía, modernizar la infraestructura de transporte multimodal (carreteras, puertos, aeropuertos, ferroviarios), la gestión coordinada de las fronteras de la región y la facilitación del comercio internacional.

Para desarrollar oportunidades laborales y reducir la exclusión, se plantea una asistencia técnica que permita mejoras en la inserción laboral, especialmente para jóvenes y mujeres, promover la integración regional para la movilidad laboral y mejorar las condiciones educativas, sanitarias, nutricionales, habitacionales y de acceso a servicios básicos.

En el ámbito de seguridad ciudadana y justicia, propone reforzar los programas de prevención de la violencia a nivel familiar y local, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad —principalmente la capacidad de gestión de las fuerzas policiales en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas— y la modernización de los sistemas de justicia, con énfasis en derechos humanos, víctimas del tráfico de personas y presos.

Asimismo, el Plan de la Alianza contempla el fortalecimiento de las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado por medio de acciones dirigidas a asegurar su capacidad financiera, mecanismos de transparencia en cuanto a la distribución y uso de recursos públicos y el combate contra el lavado de dinero, clave en la lucha contra el narcotráfico.

Las fuentes de financiación del plan corresponden a aportes de los propios Gobiernos del Triángulo Norte, participación del sector privado y donaciones. Sin embargo, es de señalar que de primeras se calcula que puede costar cerca de 15 mil millones de dólares para el Triángulo Norte, es decir, una inversión anual de mil millones de dólares por cada país. En segundo lugar, el aporte de Estados Unidos se estima corresponde a un 20% del total de recursos necesarios para financiar el plan, pero la asignación estadounidense está sujeta al cumplimiento de compromisos establecidos para la región, tales como iniciar procesos de adopción de mecanismos de auditoría para combatir la corrupción, diversificar la matriz energética, crear planes de inversión pública hacia los sectores económicos con mayores necesidades, profesionalizar el servicio civil y ampliar la base tributaria.

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Principales críticas al Plan de la Alianza

Para los analistas del Consejo de Asuntos Hemisféricos, “el plan no aborda los problemas subyacentes de pobreza y violencia que atraen estas oleadas de migración; si es implementada tal y como está planteada, podría tener efectos contrarios a los esperados”. Las principales críticas al plan van enfocadas a los impactos reales de las propuestas económicas y de seguridad y la capacidad de los Gobiernos en la ejecución de las acciones.

El enfoque para el desarrollo y crecimiento económico abre las posibilidades para la entrada de inversiones extranjeras; sin embargo, ante un territorio cuya población posee niveles de educación y tecnificación, las perspectivas laborales no son muy amplias. Sumado a ello están los altos niveles de conflictividad social por la explotación de recursos naturales, los daños y los pocos beneficios sociales que genera. Estratégicamente, el plan está diseñado para facilitar la entrada y consolidación de empresas estadounidenses en la región.

La lucha contra el narcotráfico sigue planteada principalmente a través del uso de las fuerzas de seguridad, militares y policiales. La militarización de la lucha contra el narcotráfico, principalmente a través de CARSI, ha sido vinculada con efectos contrarios a reducir el tráfico de drogas y ha coincidido con el aumento de la violencia en la región.

En los últimos dos años ha habido avances, especialmente en el ámbito de seguridad y combate a la corrupción, pero los casos coyunturales aún ponen a prueba la solidez y transparencia de las instituciones públicas. Los países del Triángulo Norte se han caracterizado, entre otras cosas, por ser Estados con garantías democráticas frágiles y por tener Gobiernos poco efectivos para administrar y atender las necesidades públicas; principalmente, existe limitada capacidad financiera para áreas de seguridad y justicia. Todo ello permea sus capacidades para ejecutar planes de desarrollo y generar cambios estructurales que se han mantenido por décadas.

Si bien el Plan de la Alianza se perfiló como una respuesta casi inmediata ante la crisis humanitaria, la emigración tanto de adultos como de menores no acompañados no se ha detenido y sigue manteniendo un flujo constante de movilización hacia Estados Unidos. Aunque el plan considere atender diversas causas que impiden el desarrollo y seguridad del Triángulo Norte, el plazo de cinco años es poco realista para esperar cambios sustanciales que impacten favorablemente en la disuasión inmediata de emigrar. En tal caso, para ver resultados, es necesaria una proyección a largo plazo centrada en los problemas estructurales e institucionales que mantienen los niveles de pobreza e inseguridad en la región.

Acerca de Ale Martínez 1 Article
Guatemala, 1991. Socióloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Interesada en el análisis de temas sobre política, economía y desarrollo social dentro de un mundo globalizado.

1 comentario en Estados Unidos, el Triángulo Norte de Centroamérica y un plan para reducir la migración

  1. Excelente articulo y muy profesional a la hora de tratar cada tema. Ahora, como ven en documentos se lee que se conoce como darle solución a cada situación al mismo tiempo se dan cuenta de la corrupción existente. Yo opino porque no enviar personal de las instituciones que otorgan los fondos a manejarlos y no ponerlos a disposición de dichos Gobiernos y que ellos solo sean observadores, ya que al final el beneficiado si sera el pueblo en general y no los mismos grupos que se pasan el poder entre ellos.

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