Los Derechos Humanos de los migrantes: una vulneración impune

El fenómeno de la migración se encuentra actualmente en el punto de mira en un momento en el que la llegada de inmigrantes irregulares a Europa se triplica; se suceden miles de intentos de saltar las vallas de Ceuta y Melilla en nuestro país; las barreras fronterizas proliferan por el continente; se produce una desviación considerable de desempleados desde el sur hacia el norte del continente y las encuestas profetizan el surgimiento de partidos políticos xenófobos.

El movimiento de personas en busca de oportunidades de empleo y mejores opciones de bienestar es una realidad que ha persistido y se mantendrá mientras la división Norte-Sur continúe en órdenes económicos y sociales. Por lo tanto, las políticas y reglamentos destinados a mejorar la suerte de los migrantes deben ser diseñados de acuerdo a una concepción humanista del desarrollo, garantizar la vigencia de los derechos humanos de los migrantes en todas las etapas del proceso de migración y especialmente cuando se cruzan los grupos más vulnerables como las mujeres, los niños, los indígenas, los ancianos y personas con discapacidad.

Al determinar la figura del migrante, nos encontramos con la falta de una definición acordada a nivel internacional, pues los diferentes estados y regímenes distinguen entre lo que cada uno entiende como migrante, un problema que crea una sensación de indefensión que rodea los procedimientos de control de fronteras. En su evolución y hasta ahora, el derecho internacional ha regulado escasos aspectos de la migración. Se ha reconocido el derecho de una persona a salir de su país y regresar a él, pero aún no el derecho a emigrar a un estado en particular. Para construir una agenda de derechos humanos de los migrantes es fundamental conocer la gravedad de las violaciones, los factores subyacentes que llevan a la migración y las personas que se ven afectadas, y reconocer que el desarrollo es un derecho colectivo, pero al mismo tiempo, también individual.

Presión migratoria sobre la UE

Las violaciones más relevantes

La vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes se sucede en todas las etapas del proceso migratorio mediante fenómenos que van desde la trata de personas, los abusos sexuales o la explotación laboral una vez establecidos en el país de acogida. Dos de los abusos más frecuentes en los flujos migratorios del área del Mediterráneo son el tráfico ilícito y la trata de seres humanos. Estos fenómenos se producen cuando se cumplen tres condiciones: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas; la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona para tener autoridad sobre otra, y tercero, la implicación con fines de explotación sexual o trabajos y servicios forzados, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La distinción entre la trata y el tráfico ilícito no siempre es evidente y un error en la identificación de una víctima de trata por parte de las autoridades puede resultar en una negación de sus derechos. Debido a la naturaleza clandestina de personas en operaciones de contrabando, la información sobre los datos disponibles en la actualidad se encuentra dispersa e incompleta. Como tal, cifras verificables o incluso confiables son difíciles de conseguir. Sin embargo, a partir de 2005 se estimó que más de 350.000 inmigrantes ilegales se introducen de contrabando a través de la frontera de Estados Unidos desde México cada año, y unos 800.000 entran en la Unión Europea, aunque estimamos que en la actualidad las cifras son mucho mayores.

Las detenciones y deportaciones también implican un riesgo para la infracción de los derechos humanos de los migrantes, pues estos procedimientos se ajustan a las leyes nacionales, pero no siempre a los convenios internacionales. Todos los países se reservan el derecho de expulsar a los extranjeros, incluso los que son residentes desde hace ya mucho tiempo. En general, los extranjeros que hayan cometido delitos graves, entraron en el país ilegalmente, su visado expiró o han perdido su estatus legal para permanecer en dicho país, pueden ser removidos o deportados administrativamente. En el último año, Estados Unidos ha deportado a más de 360.000 extranjeros, no sólo indocumentados, sino también legales e incluso residentes permanentes. En muchos casos, la deportación se realiza mediante un aparato ejecutivo del gobierno, y como tal, es a menudo objeto de un proceso legal más simple, con reducida o nula intervención del poder judicial, negando así el derecho a un juicio, la representación legal o la apelación, debido a que el sujeto carece de ciudadanía.

Por otra parte, la violencia que acompaña el paso fronterizo de algunos territorios es representativa de los riesgos de violación de los derechos y la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente las mujeres y los niños. Los testimonios muestran que a veces las mujeres se ven obligadas a ejercer la prostitución o favorecer el pago a los traficantes a través de la coerción. Los estudios también reconocen que los inmigrantes se enfrentan cada vez más a problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, lo que confirma un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Entre mayo de 2009 y enero de 2010, una de cada tres mujeres atendidas por la organización Médicos Sin Fronteras en Rabat y Casablanca admitió haber sufrido uno o múltiples episodios de violencia sexual, ya fuera en su país de origen, durante el proceso migratorio desde el sur del continente africano, y/o una vez en territorio fronterizo marroquí. El uso de la violencia sexual se convierte así en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio.

Una vez que el migrante ha llegado al país de acogida, las injusticias se reflejan en el ámbito laboral, pues los inmigrantes irregulares llegan a ser víctimas de amplios abusos que su estatus les impide denunciar. Lo que tenemos que destacar es que cuando dichas prácticas abusivas afectan de igual modo a inmigrantes regulares, lo que se produce es una situación de integración parcial que contribuye a una exclusión de crianza y un mayor riesgo de creación de guetos o barrios marginales. En el caso del trabajo femenino, la violación de los derechos humanos de las mujeres como trabajadoras migrantes ocurre por lo general en casa o en el lugar de trabajo. Estos abusos se traducen en salarios por debajo del mínimo legal, falta de contrato, maltrato físico, psicológico y sexual, confiscación del pasaporte y falta de atención médica y de salud, entre otros. Este tipo de trabajador está presente en el mercado de trabajo de la mayoría de los países de acogida, en el que las mujeres inmigrantes realizan tareas domésticas, industriales y agrícolas que están generalmente mal pagadas, lo que las conduce a una situación de aislamiento, subordinación y estigmatización. El problema se agrava cuando es el estado anfitrión quien tolera tales abusos en el ámbito laboral mediante una falta de legislación en dicho ámbito.

Captura de pantalla 2015-08-19 a la(s) 16.15.52

Derecho Internacional versus soberanía nacional

Existe cierta polémica entre las regulaciones del derecho internacional y las competencias de soberanía nacional de los distintos estados. El derecho internacional tiene por objeto regular las relaciones entre los Estados y sus ciudadanos a través de los instrumentos que están incorporados en los acuerdos entre los miembros de la comunidad internacional. La principal controversia en este sentido es que, como suele ser habitual, algunos estados argumentan que el reconocimiento de ciertos tratados significa perder parte de su soberanía y por lo tanto no se adhieran a ellos.

Las convenciones, pactos, tratados o protocolos son, en principio, obligatorios para aquellos países que los ratifican. Así pues, podemos afirmar que los derechos de los migrantes se encuentran en estos tratados normativos que los Estados ratifican y se obligan a cumplir de buena fe con sus preceptos. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los diferentes convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, o sistemas regionales tales como el sistema estadounidense que opera en el marco de la OEA, entre otros, se centran en cierto modo en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Los tratados internacionales de las Naciones Unidas establecen igualmente obligaciones legales para todos los países que los ratificaran, y cuando los Estados se adhieren a ellos, sus gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos mediante la adopción de medidas legislativas, presupuestarias y legales. Pero entonces, ¿qué ocurre en un Estado cuyo gobierno no ha ratificado ciertos convenios? ¿Los migrantes, en ese caso, serían sometidos a la garantía de sus derechos? La respuesta se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el instrumento básico que regula los derechos humanos y que está por encima de todas las demás convenciones. La DUDH debe ser respetada por todos los miembros de las Naciones Unidas, que se someten a ella sin ratificación, lo que permite a la comunidad internacional sancionar y perseguir los abusos y violaciones de derechos humanos que se siguen dando en la actualidad.

Por otra parte, el respeto de los derechos humanos de los migrantes implica una búsqueda constante de un equilibrio entre las competencias de los Estados y su soberanía y los deberes que tienen con los migrantes en el derecho internacional. Si bien es cierto que los estados tienen una autoridad incuestionable para determinar que los extranjeros pueden ser admitidos o no en su territorio, de expulsar a algunos de ellos en circunstancias específicas, controlar sus fronteras y tomar medidas para proteger su seguridad frente una amenaza, al mismo tiempo, se espera que el ejercicio de estos derechos se desarrolle en un contexto de respeto a los derechos humanos. La soberanía nacional tiene mucho que ver con asuntos de seguridad, por lo que hay algunas normas internacionales de derechos humanos cuyo cumplimiento se puede evitar en determinadas circunstancias por razones de seguridad interna. ¿Pero hasta qué punto? Por ejemplo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, comunidades árabes, musulmanas o sijs han sido víctimas de amenazas, vandalismo e incendios en los Estados Unidos como consecuencia de la atmósfera de sospecha extendida después de los atentados. El equilibrio debe encontrarse entre el riesgo de discriminación y restricción de los derechos de los migrantes y asuntos de seguridad nacional.

Principales rutas terrestres de migración en el Mediterráneo.
Principales rutas terrestres de migración en el Mediterráneo.

La situación en España

España, al igual que toda el área del norte del Mediterráneo, está experimentado en la actualidad el fenómeno de la inmigración a gran escala por primera vez en su historia moderna. Según el gobierno español eran 5.598.691 los extranjeros residentes en enero de 2010, de los cuales más de un millón y medio procedían de América Latina y tres cuartas partes de millón de Marruecos. El foco de este apartado es destacar el caso más alarmante que involucra a diario la violación de los derechos humanos de los migrantes en nuestro país, situado en la frontera con el continente africano. Casi a diario se escucha en los medios palabras como “avalancha” o “asalto” de los inmigrantes, un vocabulario, desde luego, poco apropiado para referirse al problema migratorio en la frontera entre Melilla y Marruecos, y una imagen de “invasión” que no se corresponde con la realidad.

INTERESANTE: Reportaje sobre el salto de la valla de Melilla: Salvados: El Otro Lado de la Valla 

Los inmigrantes subsaharianos que traspasan ilegalmente la valla de Melilla, pasan los controles en las fronteras escondidos en vehículos o llegan a las costas españolas en barca, etc. se transfieren al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El centro está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es de régimen abierto y los inmigrantes irregulares reciben alimento, refugio y atención sanitaria a la espera de ser trasladados a la península. El CETI es el lugar que valora las políticas de integración y convivencia con el fin de preparar a los inmigrantes para hacer frente a un futuro de residencia en el país o por el contrario, a su expulsión. El mayor problema del CETI, al igual que los centros para migrantes de los países ribereños de la costa del Mediterráneo, es la sobrecarga masiva de personas, que cuadriplica su capacidad. Más del 60% de los internados, en realidad, lo son por irregularidad administrativa, es decir, no han cometido delito que explique una situación de privación de libertad. Aunque el objetivo mayormente es la expulsión, a veces se utilizan eufemismos como “repatriación” o “retorno”, lo que no es correcto, pues la directiva europea de retorno 2008/115/CE permite que esos irregulares sean deportados no sólo a sus países de origen, sino a países terceros por los que haya presunción de que han transitado, tales como Mauritania o Nigeria, aunque la persona migrante no sea nacional de ese país. Como dice Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, los Estados de la UE han desplegado un sistema de acuerdos bilaterales para poder desprenderse de ese peso muerto sin mancharse las manos.

Otro motivo de preocupación en cuanto a la violación de los derechos humanos se encuentra en las “concertinas” o elementos cortantes depositados en la parte superior de la valla. Establecidas en primer lugar en 2005 y después de que diversos colectivos presentaran quejas que demostraban la cusa de lesiones graves, el ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenó su retirada en 2007. A principios de 2013, el nuevo gobierno decidió introducirlas de nuevo, lo que muestra un reflejo de la actual política de gestión de la migración en nuestro país. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 5 que “nadie será sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos, degradantes o castigos.”

Igualmente, las prácticas de las denominadas “devoluciones en caliente”, es decir, la devolución a territorio fronterizo una vez que el migrante ha pisado suelo nacional, sin proceder a su identificación ni comprobación de posibles estatus de refugiados o requirente de asilo, que a veces incluyen malos tratos y que suponen violaciones palmarias de derechos humanos elementales, como muestra un reciente informe de penalistas y constitucionalistas: Derechos en la frontera. ¿Fronteras sin derechos? ha levantado una gran polémica. No sólo diferentes ONG, sino también autoridades europeas, tanto de la UE como del Consejo de Europa, así como de la ONU, han expresado reiteradamente su preocupación por estas malas prácticas y el riesgo que suponen para la garantía de derechos humanos elementales. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 14.1 que “toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar en otro país o países de asilo de la persecución, y en su artículo 13.1 que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.”

.

Vídeo: testigos muestran cómo las fuerzas marroquíes golpean a los inmigrantes en un intento de salto a la valla de Melilla en 2014

Un largo camino por recorrer

El aumento de los casos de impunidad por la violación de los derechos humanos de los migrantes es una de las principales preocupación de la comunidad internacional en el campo de la migración. Los datos apuntan a que las violaciones más relevantes se suceden en su lugar de trabajo, y este problema radica en las lagunas de inmunidad en la regulación de los Estados particulares.

Por otra parte, la lucha entre el derecho internacional y la soberanía nacional deriva igualmente en situaciones de vulneración de los derechos humanos, como ya hemos visto. Si bien es verdad que los estados deben reservarse el derecho de decidir quién entra y quién no en sus fronteras, frente a un problema migratorio jamás visto anteriormente como el actual, en el que la situación roza límites críticos, la tendencia óptima apuntaría a que los estados debieran someterse, por el bien común, a la ratificación de ciertos tratados internacionales sobre migración, o bien a la creación de nuevas normas a nivel europeo o mediterráneo, por ejemplo, que no disponen de ninguna regulación migratoria común. El hecho de que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares no llegue a un número suficiente de ratificaciones para poder entrar en vigor demuestra que este punto supone un obstáculo enorme en la tarea de protección de los derechos humanos. Muchos aseguran que los avances legislativos en el campo de la migración por parte de los países receptores, acabaría, por lo menos en gran parte, con la impunidad de estos abusos.

Finalmente, en un momento de recesión económica como la actual es cuando uno puede notar más que nunca la aparición de partidos y políticas de tendencia xenófoba o racista, como por ejemplo la promulgación de la ley Bossi-Fini en el norte de Italia, donde la Liga Norte cataloga como un delito que los pescadores ayuden a los inmigrantes que se están ahogando; las medidas adoptadas en 2004 por el presidente francés Jacques Chirac, que desmanteló un pueblo gitano en Herblay, una acción que fue condenada recientemente por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, o la reciente subida del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, que se acompaña de acciones en contra de la inmigración y proclama la xenofobia. Los migrantes son vistos por algunos sectores como una amenaza a la seguridad y al empleo de los nativos, una carga para los servicios sociales y, en los últimos años, como promotores de delitos como el narcotráfico y el terrorismo. Esta percepción es un factor que se opone firmemente a la construcción de un entorno que garantice la protección de los derechos de los migrantes.

La verdad es que como explica Mbuyi Kabunda, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, en este fenómeno los efectos llaman más la atención que las causas, pues deberíamos estudiar las razones estructurales que han llevado a índices tan altos de migración. La mayoría de los países de origen carecen de políticas migratorias, pues usan la emigración de sus ciudadanos como una vía de escape ante posibles protestas de estos grupos, y una vez en la frontera o en el país de destino, la falta de adhesión a una normativa internacional que garantice los derechos humanos a estos colectivos resulta en la impunidad de sus violaciones.

 

Acerca de Marina Romero 8 Articles
Menorca (1993). Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos. Cursando el Máster de Internacionalización Empresarial del ICEX. Interesada en Relaciones Internacionales, especialmente el área del Mediterráneo y su seguridad.

3 comentarios en Los Derechos Humanos de los migrantes: una vulneración impune

  1. ¿Qué es migrar? Ser emigrante e inmigrante y sus multiples causas…

    Si quizas observaramos en la naturaleza los procesos de “migración” de los animales…, con menos ” soberbia” el hombre podría interpretar y canalizar desde el “razocinio” y el” corazon “diversas medidas y acciones que con lleven a una mejora de la calidad de vida de los hombres en este planeta Tierra.
    Poner en práctica los “Derechos Humanos” es un desafío de los Estados y el resto del aparataje de Organismos que tienen como rótulo el ejercicio de poner en practica los Derechos Humanos”…

  2. A donde me puedo comunicar para que me den una asesoría porque mi esposo esta en Panamá y allá no hay derechos humanos pero mi esposo es mexicano…. muchas gracias

    • Y por que no hace una denuncia en la embajada o consulado de mexico en el lugar donde se encuentra ud? Podrias ayudarlo en esa forma y contactar un asesor en migraciones en Panama para que salga de ahi.

1 Trackbacks y Pingbacks

  1. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES | Título del sitio

Si tienes algo que aportar o comentar sobre este artículo no dudes en hacerlo!