El sistema confesional de Beirut y las mujeres libanesas

El Líbano es un país de Oriente Medio considerado por la mayoría de los europeos libre y avanzado en comparación con otros estados de la misma región. No es gobernado por una dictadura y su capital, Beirut, ha sido meta turística de muchos occidentales y sede de diversas comisiones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Sin embargo, el nivel de bienestar de Líbano es sólo aparente. Si se analiza su sistema político, se pueden identificar diferentes factores que han tenido un efecto negativo en el desarrollo de su población y en la promoción de sus derechos humanos básicos.

La división del poder entre diferentes confesiones religiosas ha creado un sistema discriminatorio, regulado por leyes que tratan de manera diferente a chiíes y cristianos, hombres y mujeres. Las leyes religiosas gobiernan los asuntos civiles del Líbano, desde el divorcio hasta la violencia doméstica, pasando la custodia de los niños. Este alto nivel de discriminación ha tenido un impacto negativo especialmente para las mujeres, ya que sus libertades son limitadas y sus derechos están subordinados a los de los hombres.

El origen del sistema sectario

Para entender la situación actual en Líbano es necesario analizar su historia reciente, que empezó con la caída del Imperio Otomano. De hecho, al final de la Primera Guerra Mundial, gracias a un mandato de la Sociedad de las Naciones, Francia obtuvo el control de los actuales Líbano y Siria. Entre todas las minorías religiosas y étnicas de la región, los franceses estaban dispuestos a escuchar principalmente las demandas de los maronitas, confesión cristiana, con una larga tradición de alianza con la Iglesia de Roma, y cuya mayoría vivía en las zonas montañosas del Líbano. El pueblo maronita quería su propio estado, separado de los territorios sirios. Así, con el apoyo de los franceses, crearon el Gran Líbano en 1920.

Sin embargo, en el Gran Líbano los maronitas eran una minoría. Con la incorporación de nuevos territorios los cristianos tuvieron que compartir el nuevo estado con varios grupos, caracterizados por afiliaciones religiosas diferentes. La mayoría de estos grupos rechazaba el estado creado por franceses y católicos maronitas, y su sentimiento se afiliaba con la comunidad del Oriente Medio, eminentemente árabe. Siria, Líbano, Transjordania y Palestina formaban parte de una comunidad más grande unida por la cultura e identidad árabe. Por eso Líbano, como otros países de la región surgidos por voluntad de los poderes coloniales, carecía de fuertes movimientos nacionalistas que mantuvieran la población unida.

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Para encontrar una solución a las divisiones internas de la sociedad libanesa, se desarrolló un sistema en el cual las identidades de los individuos estaban definidas por sus creencias religiosas. Se fundaron las primeras ta’ifas o sectas del actual estado de Líbano.

El Pacto Nacional de 1943 formalizó la independencia de Líbano y su estructura sectaria: las élites maronitas se garantizaron la presidencia, los suníes el puesto de primer ministro y los chiíes el liderazgo del Parlamento. Para integrar a la población del Líbano en un estado donde coexistían dieciocho confesiones religiosas diferentes, se crearon diversas leyes de estatuto personal, que reglamentaban la vida de los individuos de cada grupo religioso. Todo libanés tenía que ser sujeto a un determinado código penal civil, y entonces era obligado a pertenecer a una religión, que tenía el poder y la responsabilidad de implementar sus propias leyes. Mucha gente de la clase trabajadora y muchos intelectuales no se sentían representados en un Estado tan compartimentado y estratificado, dominado por élites religiosas. Aunque la nueva estructura del Líbano había sido establecida para compartir el poder entre diferentes grupos, el poder estaba de facto dividido entre las élites de las distintas comunidades.

Las tensiones entre las distintas comunidades llegaron a su punto álgido entre 1970 y 1995, cuando varios grupos de Líbano se vieron involucrados en una guerra civil. De hecho, la demografía del país había cambiado radicalmente desde 1932, año en que se había hecho el censo que reglamentaba las actuales divisiones de poder. El porcentaje de la población que pertenecía a cada confesión religiosa no era el mismo, pero el poder gubernamental asignado a cada minoría se basaba todavía en el censo de décadas atrás. Este desacople, junto a los choques entre israelíes y palestinos en la frontera sur del país permitieron el comienzo de la Guerra Civil Libanesa. El conflicto remitió en 1989, con el Acuerdo de Taif, diseñado para poner fin a las tensiones sectarias, reconociendo los musulmanes como mayoría y dividendo el poder de manera más igualitaria entre los grupos religiosos.

Las mujeres y las Leyes de Estatuto Personal

El desarrollo de Líbano como un país sectario ha creado un estado en el cual coexisten cerca de una veintena de confesiones religiosas con quince leyes de estatuto personal que regulan la vida de cada una de las confesiones. Las comunidades incluyen doce confesiones cristianas, cuatro musulmanas, una drusa y una judía, todas administradas por cortes diferentes. El mayor problema de no tener un código civil laico y universal es que cada religión tiene principios, tribunales y reglas diferentes, y no trata cada ciudadano de manera igual. A causa de leyes desiguales en cada confesión sobre temas como matrimonio y divorcio, las mujeres libanesas han sido especialmente discriminadas.

En un aspecto fundamental a día de hoy como son las leyes sobre el divorcio, estas son discriminatorias hacia las mujeres en cada confesión religiosa, aunque cada grupo tiene su propio código. Por ejemplo, los suníes y los chiíes conceden a los hombres el derecho absoluto de divorciarse, mientras que para las mujeres sólo es un derecho condicional. Del mismo modo, los hombres pueden divorciarse aunque no estén en un tribunal y en ausencia de sus esposas. Las mujeres no.

En el ámbito del matrimonio, las mujeres musulmanas tienen la posibilidad de poner en su contrato matrimonial el isma, una condición que tiene que ser decidida entre ambos cónyuges antes del matrimonio, y que concede a la mujer la capacidad de terminar su unión sin el consentimiento del marido. Aunque esta ley existe, poca gente la usa. De hecho, según un estudio de Human Rights Watch, solamente 3 de cada 150 divorcios han sido determinados por la implementación del isma de una mujer. Esto se debe a la presión social y a los estigmas asociados a las mujeres que utilizan el isma; por la sociedad son consideradas inmorales, mientras que los maridos las ven como poco devotas a la familia.

Para los cristianos el divorcio es muy complicado. Ninguno de los dos puede obtenerlo de manera unilateral. Por eso, los hombres a veces se convierten al Islam, que permite los matrimonios polígamos, para casarse una segunda vez sin haberse separado de su anterior mujer. Sin embargo, a las mujeres no les está permitido empezar un segundo matrimonio, y a menudo se encuentran vinculadas a situaciones miserables como mera parte pasiva dentro de la unión.

En el caso de los católicos y de los cristianos maronitas, el divorcio es casi imposible. Bajo la ley de estatuto personal católico, ni siquiera la violencia domestica ofrece suficiente pruebas para obtener una cancelación del matrimonio. Las católicas libanesas tienen que demonstrar que la violencia es causada por discapacidades mentales del marido, factor difícil que comprobar. Por eso, hay cada vez más casos de conversión a otras confesiones religiosas, para buscar vías alternativas que faciliten el divorcio. Este proceso no respeta las diversas confesiones, porque quien se convierte no lo hace por cuestiones religiosas. En Líbano, mucha gente piensa que la Iglesia debería modificar sus reglas si quiere evitar conversiones poco convincentes y mantener su reputación intacta.

De todos modos, para muchas mujeres uno de los principales obstáculos al divorcio es su dependencia económica del marido. De hecho, las leyes de estatuto personal no reconocen el aporte económico de las mujeres al matrimonio. Sus trabajos domésticos no son reconocidos, ni el concepto de bienes gananciales es respetado por los tribunales religiosos. Cada confesión afirma que el rol del marido es proveer dinero y sustento, mientras las mujeres tienen que ocuparse de los hijos y de la casa. Este hecho tiene un verdadero impacto en las familias: la tasa de empleo de mujeres casadas es del 34%, en comparación con el 59% de mujeres solteras.

Una vez terminado el matrimonio, aunque el marido no tiene que seguir apoyando financieramente a su esposa anterior, a veces las mujeres pueden tener garantías económicas, según el mahr. El mahr es una suma de dinero que representa el valor de la unión y es determinado en el contrato marital. La primera parte es donada a la mujer al principio del matrimonio, mientras la segunda en caso de muerte del esposo o de divorcio. Para los cristianos el mahr es opcional, mientras que para suníes, chiíes y drusos es necesario. A primera vista, esta suma parece garantizar el bienestar de las mujeres en caso de separación. Sin embargo, muchas mujeres no hacen caso al lado material de su unión cuando se casan y se acuerdan para una pequeña suma de dinero, meramente simbólica. La perspectiva de quedarse con una mísera suma de dinero les impide empezar el proceso de divorcio.

Si las mujeres tienen que quedarse en matrimonios abusivos es como consecuencia de la falta de recursos económicos o de procesos burocráticos demasiados largos, ya que el sistema legal a menudo no las protege. Muchas veces los tribunales consideran los casos de violencia domestica poco importantes, y hay mujeres que son inculpadas aunque sean víctimas de abusos. De hecho, si la esposa deja de vivir en la casa que comparte con su esposo, aunque sólo sea para protegerse de la violencia del marido, puede ser acusada de infidelidad.

En relación a esto último, la violencia hacia las mujeres es todavía un problema grave en la sociedad libanesa. La desigualdad entre géneros y los abusos domésticos permanecen, también por razones ligadas al sistema legal libanés. El Estado ha hecho muy poco para obligar las diferentes confesiones religiosas a reformar sus leyes, especialmente respecto a problemas como las violaciones conyugales y los crímenes de honor. Y es que las violaciones conyugales no han sido nunca consideradas delitos en Líbano. Los hombres han podido obligar a sus mujeres a participar en actividades sexuales sin su consentimiento, quedando impunes. En el 2011 una nueva ley fue propuesta, declarando las violaciones conyugales ilegales.

Sin embargo, esta ley fue significativamente modificada por un comité parlamentario y no se refiere más a las violaciones conyugales contra las mujeres, sino que deja la definición del crimen abierta a la interpretación de cada corte religiosa. Diferentes jueces habían demostrado su desilusión hacia la nueva propuesta de ley. La criminalización de las violaciones conyugales “podría resultar en el encarcelamiento del hombre” explica el Jeque suní Ahmad Al-Kurdi, “donde él ejercería la menor parte de sus deberes matrimoniales”. Por esa razón, muchos representantes religiosos consideran una ley contra la violencia conyugal contraproducente.

En los últimos años, los crímines de honor han aumentado también, volviéndose un preocupante problema para las familias libanesas. Hay casos de crímenes cometidos no sólo por esposos, sino por otros miembros de la familia. Muchos han sido causados por decisiones de mujeres no aceptadas por los parientes o el esposo. Lo que más sorprende es que una parte de la sociedad libanesa siga justificando este tipo de violencia como necesaria para proteger la reputación de la familia. A causa de estas creencias, y de leyes que protegen los crímenes cometidos por cuestiones de honor, hay todavía casos de hombres culpables de asesinatos que se quedan sin proceso.

Si analizamos la custodia de los hijos, la desigualdad del sistema confesional libanés es visible también en este tipo de leyes. Mientras exista vínculo matrimonial, la custodia es deber de ambos cónyuges. Si se termina el matrimonio, la mayoría de las leyes religiosas en Líbano tienden a favorecer la custodia materna sólo para niños muy pequeños. De hecho, las leyes dan la tutela de menores al padre a partir de cierta edad. En cada confesión, esta edad es diferente, pero casi siempre acaba discriminando a las mujeres.

En caso de divorcio, el padre es obligado a dar apoyo económico a la mujer para cubrir los gastos del hijo. Sin embargo, terminado el periodo de tutela materna, la madre no recibe más soporte por el marido ni puede visitar frecuentemente al hijo en la casa paterna. Los términos pueden ser aun más estrictos si la madre no cumplía con los requisitos de convivencia y de obediencia durante su matrimonio. Por eso, las leyes sobre la custodia de los menores pueden tener consecuencias adversas si las mujeres se quieren divorciar: muchas veces tienen que elegir entre un divorcio y sus hijos.

La existencia de una edad que indique el término de la custodia materna es nocivo no sólo para la mujer, sino para el hijo también. Reglas tan rígidas corren el riesgo de no considerar el lugar que sería mejor para su crecimiento. La confesión que tiene las reglas más discriminatorias es la cristiana, las mujeres tienen la custodia de los hijos solamente hasta los dos años; los griegos ortodoxos son los más liberales, ya que la edad es de catorce años para niños y quince para niñas. De todos modos, estas leyes obstruyen la capacidad de divorciar de las mujeres y ponen a muchos menores bajo la custodia de personas que a veces no son las más adaptas para tutelarlos durante su crecimiento.

Hay otro aspecto discutible sobre la relación entre los niños y sus madres: el derecho de los hijos a la ciudadanía libanesa. De hecho, aunque los hombres libaneses casados con extranjeras pueden pasar a los hijos su ciudadanía, las mujeres libanesas no pueden hacer lo mismo. Esta ley es muy desfavorable, especialmente por el alto nivel de inmigración desde países vecinos, como Palestina y Siria, y el creciente número de casamientos con gente no libanesa. Niños nacidos en el Líbano acaban teniendo derechos muy limitados que no cumplen con muchos estándares internacionales.

A todo esto hay que añadirle las diferentes leyes de estatuto personal de Líbano, las cuales son principalmente administradas por tribunales religiosos, autónomos y sujetos con poca vigilancia de los órganos judiciales estatales. Las calificaciones académicas de los jueces religiosos varían según la confesión, pero generalmente los tribunales no incluyen la obligación de haber conseguido un título universitario de derecho a nivel nacional. Por ejemplo, los ja’faris requieren que los jueces hayan obtenido una licenciatura en ciencias religiosas, mientras los evangélicos que un juez en cada corte tenga un titulo en derecho. Excepto por los drusos, que obligan a todos sus jueces a conseguir una licenciatura en derecho, las otras confesiones no requieren ninguna calificación especial para trabajar en los tribunales.

Las mujeres han sido excluidas de esta profesión en la mayoría de las confesiones. Excepto por las cortes evangélicas y ortodoxa armenia, no pueden trabajar como jueces. A causa de la baja educación de los jueces y de la ausencia de mujeres en los tribunales religiosos, las mujeres se encuentran discriminadas al momento de presentar sus casos. Ellas tienen que enfrentar desafíos debidos al patriarcalismo intrínseco en el sistema legal: deben presentar argumentos jurídicos más complejos y elaborados para salvaguardar sus derechos fundamentales. Muchas mujeres que han conocido el sistema legal de Líbano afirman que es difícil articular su pensamiento en frente de un público meramente masculino. Por el estrés causado por este sistema y la alta posibilidad de perder un juicio, muchas mujeres prefieren no apelar a las cortes religiosas. Según muchos activistas, los tribunales tratan a mujeres y hombres de manera completamente diferente, y necesitan ser reformados.

Por todo ello, hombres y mujeres libaneses están empezando a movilizarse, buscando maneras para ir contra este sistema injusto y restrictivo. Por ejemplo, en marzo de 2009, cuando el ministro del interior emitió una directiva que permite a los ciudadanos remover su afiliación religiosa de sus tarjetas de identificación y de los registros de censo del estado, mucha gente se movilizó. Un grupo de activistas quitó su estatuto personal de sus tarjetas, considerado por ellos un peligroso mecanismo de segregación sectaria. Simbólicamente, ellos estaban retirando a sí mismos de la jurisdicción de los tribunales de estatuto personal y colocándose en un vacío legal respecto a cuestiones civiles. Otra gente busca soluciones más inmediatas: muchos libaneses se han ido a Chipre para celebrar un matrimonio civil, no permitido en su país. Así, muchas parejas de religiones distintas pueden casarse sin las complicaciones de las leyes de estatuto personal de Líbano.

Estos ejemplos son síntomas de un sistema que no puede satisfacer más las necesidades de sus ciudadanos. La población de Líbano no responde a las divisiones sectarias creadas durante la colonización francesa. Hay un número creciente de mujeres descontentas y afiliadas a grupos de la sociedad civil que demandan cambios en el sistema legal de Líbano. Su objetivo final es cumplir con las normas de la ‘Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’ de las Naciones Unidas, y con los estándares de muchos tratados internacionales firmados, pero todavía no respetados por Líbano.

Una solución para reformar la situación, ya propuesta por diferentes partidos, sería de crear otra ta’ifa, otro grupo regulado por un sistema legal civil, al cual la gente podría participar de manera opcional, independientemente de su religión o género. Sin embargo, esta reforma no es suficiente para resolver los problemas inherentes a las leyes de Estatuto Personal de las diferentes religiones.

La única manera para parar la discriminación del sistema legal libanes sería aportando cambios drásticos, totales. Los códigos y tribunales religiosos tienen que ser reformados y controlados por el estado, que debería tener poder sobre la legislación civil del país. Líbano necesita leyes universales, que no diferencien los hombres de las mujeres, ni a los maronitas de los suníes.

Acerca de Sofia Bianchini 2 Articles
Milano, 1992. Graduada en Relaciones Internacionales por la University of Westminster de Londres y especialista en Seguridad y Desarrollo por la Universidad Autònoma de Barcelona. Interesada en temas de política internacional, cooperación y derechos humanos.

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