Nativos latinoamericanos: recuperando la soberanía

En las últimas décadas, la situación general de los pueblos indígenas en Latinoamérica ha mejorado paulatinamente. Progresivamente integrados en la vida política de las naciones latinoamericanas y con las organizaciones indigenistas ganando un peso real en la configuración de los Estados, podemos decir que la imagen clásica del indígena oprimido ya no es cierta, aunque aún queden conflictos latentes. Pese a la enormidad del área a tratar, trataremos de dar unas pinceladas acerca de los componentes comunes que han tenido los movimientos indígenas en Latinoamérica.

Movimientos sociales y movimientos indígenas

Podemos entender un movimiento social como un colectivo o grupo social cuyos actos se dirigen a presentar ante las autoridades, grupos o la sociedad en general una demanda precisa. Los movimientos sociales constituyen una forma de acción colectiva que integra distintos factores: solidaridad, cohesión, conflictos y transgresiones a los límites determinados por el sistema de relaciones sociales. La dirección del cambio social puede ser positiva (apoyar un cambio) o negativa (resistirse al cambio) y la difusión e innovación de ideas plantean alternativas que generan discusión y controversia en el seno de la sociedad.

Los llamados “nuevos movimientos sociales”, surgidos en los años 60 y 70, se caracterizan por ser movilizaciones que mezclan componentes políticos con otros de carácter cultural y en las que tienen presencia nuevos actores, como mujeres, jóvenes, estudiantes o minorías étnicas. Sus demandas estaban referidas al reconocimiento de necesidades socioculturales, identidades colectivas y derechos cívicos que iban más allá de la redistribución de la riqueza exigida hasta entonces por los movimientos obreros clásicos. Este reclamo a la identidad, llegando incluso a la negación de la identidad que se consideraba impuesta desde fuera, fue uno de los elementos fundamentales de estos nuevos movimientos sociales. Por tanto, se buscaba en primer lugar el reconocimiento de la identidad para, de este modo, hacerlo palpable en forma de bienes púbicos o derechos de ciudadanía que fuesen jurídica y económicamente garantizados por el Estado.

Nos queda por definir la segunda palabra, es decir, “indígena”. De acuerdo con el Artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas son “pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o una región geográfica a la que pertenecía el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
Un aspecto importante a considerar dentro del panorama de los movimientos sociales de carácter étnico es que en ciertos casos las fronteras territoriales no coinciden con las étnicas. También debemos tener en cuenta los procesos de reapropiación simbólica de determinados componentes, ya sean lingüísticos, culturales o sociales, un fenómeno muy común en Latinoamérica y que responde a una estrategia en la disputa por el control simbólico y efectivo de distintos elementos sociales, políticos, culturales y geográficos.

Pese a que todos los países de Latinoamérica comparten el hecho de la presencia indígena, no dejan de ser ciertas las diferencias entre estos mismos países. De este modo, nos encontramos con estados con una numerosa población indígena frente a otros donde ésta es muy escasa. ¿Dónde está el punto en común entre todos ellos? Pues bien, reside en haber compartido durante toda su Historia un mismo concepto de comunidad como nación y el hecho de que hoy en día se está encauzando en una nueva dirección.

Porcentajes de población indígena sobre la total
Porcentajes de población indígena sobre la total

El “problema indígena” desde la Independencia hasta ayer

Trataremos de repasar brevemente el lugar que han ocupado las comunidades indias en los proyectos nacionales, desde su surgimiento en las independencias hasta las reformas constitucionales más recientes.

Ya desde el mismo momento de la emancipación de América Latina, los protagonistas de la misma expresaban lo que se ha conocido como “el dilema latinoamericano”. El propio Bolívar expresaba en su Carta de Jamaica lo siguiente:

“No somos ni indios ni españoles, somos una suerte de intermediario entre los legítimos dueños del país y los usurpadores españoles.”

Esos legítimos dueños no eran sino los indios. Por tanto, el problema para las nuevas clases dirigentes de las recién nacidas repúblicas era precisamente ese, la legitimidad de las nuevas naciones. La solución que encontraron fue el liberalismo. La independencia se justificaba por la creación de una nueva nación de individuos que serían libres e iguales, unidos por una misma Constitución y, no menos importante, un mismo mercado. Como no había ningún mito del origen común de la comunidad al que recurrir, esta se construiría alrededor de una utopía, esa igualdad política y social que no existía en el momento de la independencia no llegó a hacerse realidad en ningún momento.

Respecto a los indígenas, el liberalismo intentó asimilarlos convirtiéndolos en ciudadanos. Para ello debía acabar con la territorialidad indígena, ya que iba en contra del principio de una sociedad compuesta por individuos libres de filiación comunitaria y poseedores de propiedad privada; instaurar una educación separada de la Iglesia que potenciase el uso de un mismo idioma por todos los ciudadanos y fomentar una ideología basada en la Razón. En resumen, estos Estados nacientes debían favorecer el mestizaje no sólo biológico, sino también cultural entre los distintos componentes de la sociedad. Este ambicioso programa se enfrentó a las reacciones de los conservadores y, evidentemente, con la hostilidad de los indígenas.

El resultado de esta política fue que la población indígena existía como una categoría social tutelada por el Estado. De ahí que a comienzos del siglo XX, cien años después de las independencias, el proyecto asimilador podía ser calificado de fracaso. La mayoría de la población apenas entendía el español y seguía hablando sus propias lenguas nativas, continuaba siendo analfabeta y casi no participaba en el mercado común, siendo lo más generalizado la agricultura de subsistencia. Esta población india, pese a conservar su tierras comunitarias o sus filiaciones, vivía como peones de hacienda y no podía considerarse, desde el punto de vista político, que formase parte de las nuevas repúblicas, ya que estaban apartados del sufragio a causa de su analfabetismo y por carecer de propiedad privada. En resumen, seguían siendo una clase subordinada.

Al periodo liberal le siguió, tras las transformaciones de la crisis del 29, otro denominado por los historiadores como nacional-populismo. Este periodo se caracterizaba por el ascenso de lo que se conoció “Estado nuevo”, un Estado fuerte, modernizador, emprendedor, corporativista y autoritario, capaz de extender la educación en el mundo rural, de llevar a cabo una reforma agraria, de favorecer la migración de las ciudades, de desarrollar la economía internamente y de organizar el mundo del trabajo con sus nuevas filiaciones. Es un Estado capaz de movilizar políticamente a las masas en torno a su jefe y a su partido, es decir, que podría hacer lo necesario para establecer una democracia que se quería que fuese orgánica y real, volviendo a fundar la nación.
La política indigenista de este periodo fue la asimilación definitiva de la población india, una política capaz de convertir al indio pobre en miembro de pleno derecho de una comunidad nacional mestiza. Estaría correctamente educado, dotado de tierras o con empleo en la ciudad. En definitiva, el indio habría dejado atrás su atraso cultural para transformarse en un campesino, un obrero o un empleado.

Los resultados de esta nueva política se quedaron a medio camino entre el éxito y el fracaso. Es cierto que muchos miembros de las comunidades indígenas tomaron la vía indicada por el poder. Un gran número de indios se movilizaron y participaron en el proyecto de cambio social que les supuso el fin de la discriminación y la única posibilidad de poder participar en la sociedad nacional. Sin embargo, la asimilación no se consiguió y prueba de ello es que a finales del siglo XX los censos llevados a cabo en los distintos países latinoamericanos muestran que la población india había crecido sustancialmente. Por tanto, podemos pensar que no todos fueron asimilados. No sólo eso, sino que además se fue perfilando un proceso diferente: muchas personas, cada vez un número creciente de ellas, sin perder la ciudadanía recientemente adquirida, revindicaron tanto en el campo como en las ciudades su filiación indígena. Otros, aún más numerosos, aquellos que se habían quedado encerrados en la comunidad, pretendieron a partir de entonces integrarse y tener acceso a la nueva ciudadanía mediante la promoción de su identidad particular.

Explotación de México por los explotadores españoles, de Diego Rivera. Uno de los máximos exponentes de política indigenista durante el segundo tercio del siglo XX fue México.
Explotación de México por los explotadores españoles, de Diego Rivera. Uno de los máximos exponentes de política indigenista durante el segundo tercio del siglo XX fue México.

Las luchas indígenas de hoy

A partir de los años 80 y, sobre todo, en los años 90, tuvo lugar un contexto general favorable a la movilización india y que propició la redacción de nuevas constituciones donde se reconocieron las demandas de los movimientos indígenas. Los factores que hicieron esto posible fueron el proceso de globalización, el neoliberalismo y la democratización que tuvo lugar en toda Latinoamérica por esas fechas.

La globalización se caracteriza por el libre comercio entre los Estados, la circulación acelerada de capital financiero, la difusión planetaria de la información, la extensión de los derechos humanos como imperativo universal y la conciencia de la ecología como un problema global. La cuestión indígena, por tanto, se encuentra ella misma globalizada, ya que escapa a las políticas locales y se dota de una visibilidad extraordinaria a nivel internacional. Gracias a ello los pueblos indígenas se han vuelto sujeto de derecho positivo internacional y han adquirido ante la opinión pública internacional un fuerte simbolismo. La globalización representa una gran paradoja en este aspecto, ya que por un lado es la fuente de numerosos intereses opuestos a los indígenas pero por otro les da los instrumentos que les permiten afirmar su existencia y encontrar aliados.

El neoliberalismo supone una importante ruptura con el nacional-populismo y todo lo que representaba. Ahora el Estado debe intervenir mucho menos y, además, se enfrentó durante los años 80 y gran parte de los 90 a una delicada situación económica que le obligó a abrir su economía y llevar a cabo políticas de ajuste estructural y privatización de servicios que debieran ser públicos, lo cual se tradujo en una explosión de las desigualdades sociales y extensión de la pobreza entre amplias capas de la población. Todo esto provocó la necesidad de recomponer el tejido social y en este proceso se insertan las nuevas políticas indigenistas. Las políticas de descentralización político-administrativa establecidas por los gobiernos latinoamericanos durante esos años constituyen esta nueva política indigenista, que también va ligado con el siguiente factor.

El proceso de democratización también se produjo a partir de los años 80. América Latina vivió un periodo de transición política que puso fin al periodo de regímenes autoritarios que vivió en las dos décadas anteriores. Esta “redemocratización” no fue una vuelta a las antiguas democracias, sino que supuso una “reinvención” de la democracia, que trajo consigo el reconocimiento de los derechos individuales, ligados a los Derechos Humanos, el surgimiento de una opinión pública y la existencia de una sociedad civil que se alimenta de la presencia de nuevos movimientos sociales, entre los cuales está el indígena. La democratización supuso la apertura de nuevos espacios locales y regionales a las poblaciones locales, gracias a las reformas político-administrativas, es decir, una descentralización que redundó en apertura democrática. Este proceso llevó aparejado la introducción de una democracia participativa en la que las comunidades indígenas recuperaron sus derechos ciudadanos y participaron del poder.

Es en este contexto donde tiene lugar el nacimiento del actor indígena, considerado como nuevo ya que se conforma sobre la base de una identidad étnica (simbolizada por la lengua) y genérica (la gran comunidad de los pueblos indígenas). También es nuevo dada la naturaleza de sus demandas económicas, sociales, culturales, en las que interviene y proyecta su universo político, ya no local sino nacional. También une sus demandas con el proceso de globalización gracias a los grupos de presión nacionales e internacionales que se oponen al neoliberalismo.

Marcha de protesta de la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, 2010.
Marcha de protesta de la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, 2010.

Fruto de este nuevo movimiento indígena y todas estas transformaciones del Estado, la mayoría de los países latinoamericanos han reformado o promulgado nuevas Constituciones, de manera que ahora se reconocen como naciones pluriétnicas y plurinacionales. Es un proceso que se inició en 1987 en Nicaragua y que fue recorriendo toda la región, especialmente en los años 90. Además, se reforzó con la ratificación de la Convención 169 de la OIT, que constituye la base del derecho positivo internacional en materia de derechos colectivos para los pueblos tribales e indígenas. La redefinición de la nación se acompañó generalmente del reconocimiento de un conjunto de derechos colectivos para los pueblos indígenas. Los más destacables son: derechos territoriales sobre tierras ancestrales; reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho dotados una personalidad jurídica; derecho a las formas específicas de organización y de gobierno respetando las autoridades consuetudinarias; derechos culturales que engloban el uso de una lengua nativa y el derecho a las formas específicas de educación bilingüe y biocultural; reconocimiento a la validez jurídica y al ejercicio del derecho consuetudinario dentro de las comunidades; derechos particulares en materia de propiedad intelectual, de riquezas naturales, etc.

Por supuesto, debemos entender que esto no es igual en todos los países y, si bien en algunos países estos nuevos derechos sí que se han traducido en hechos, en otros apenas se llega más allá de reconocer estos ideales. Sin embargo, aunque sea esto último, nos encontramos ya con un esquema que da la espalda a los proyectos de los Estados liberal y nacional-populista, ya que asume la idea de los derechos colectivos y la cuestión de la comunidad indígena como forma valida de organización social y filiación personal, a lo que se añade que en la cuestión lingüística y educativa se defiende el uso de las lenguas indígenas y se da legalidad a una educación diferente dentro del sistema escolar según su pertenencia étnica.

ARTÍCULO RELACIONADO: La justicia indígena en países andinos (Carolina García, Septiembre 2013)

La Tierra

El concepto de territorio entre los pueblos indígenas tiene un significado diferente al de la civilización occidental. La explotación y gestión de la superficie, así como de los recursos naturales, también difieren. Además, el territorio tiene componentes inmateriales de carácter simbólico que deben ser respetados y considerados. La tierra y sus recursos deben ser cuidados puesto que de ellos depende la subsistencia de la comunidad, así como la reproducción y continuidad social, cultural y material del grupo. En base a lo expuesto se plantea la necesidad de reconsiderar el concepto de “territorio étnico” el cual no sólo se constituye como un lugar donde “hacer” sino un espacio que posibilita el “ser”, esto es, la constitución de la identidad colectiva. El territorio no sólo presupone los recursos económicos y la subsistencia del grupo, también comporta elementos simbólicos e identitarios, la reproducción cultural propia y es un lugar donde reside la memoria colectiva. En este sentido la noción de “territorios equivalentes” para justificar el traslado de poblaciones indígenas desde sus territorios ancestrales hacia otros sitios resulta inapropiada e inadecuada.

Paradójicamente, uno de los nuevos problemas que tienen las poblaciones indígenas son causados por teóricos aliados suyos. Sucede que muchas veces las organizaciones ecologistas o los propios organismos gubernamentales encargados de la protección del medioambiente se olvidan de las poblaciones que habitan las áreas geográficas protegidas. Estas se asumen como si las poblaciones humanas estuvieran ausentes o deliberadamente se excluye su presencia, negándoles la participación tal y como ya sucedía en los esquemas coloniales que antaño permitían la apropiación de recursos y tierras a partir de la subordinación de las comunidades indígenas.

ARTÍCULO RELACIONADO: ¿Extracción de recursos o extractivismo? (Diego Vintimilla, Marzo 2015)

Hay tres razones por las que los Estados nacionales ven a los indígenas como diferentes de cualquier otro movimiento étnico: en primer lugar la cultura indígena existe como una contracultura que critica de forma continua el proyecto capitalista y la Historia oficial de los Estados; del mismo modo, los grupos indígenas suelen demandar autonomía a los Estados, los cuales usurparon sus tierras, y por último, las poblaciones indígenas intentan preservar actividades económicas y objetivos que suelen entrar en conflicto con las agendas estatales.

Las demandas son comunes entre todas las sociedades indígenas latinoamericanas, ya que sufren los mismos problemas y obstáculos, es decir, las tierras son reclamadas también por otras poblaciones; hay fuertes presiones en contra de la restitución de las tierras por parte de empresas, especialmente las asociadas con los recursos petroleros y del gas y están enfrentadas muchas veces a las agendas económicas de los Estados y al mercado capitalista.

El hecho de luchar por el reconocimiento y titulación colectiva de sus territorios tiene una gran importancia por sí misma pero también esto alienta a establecer formas propias de organización política, favorece la participación de la comunidad indígena en la sociedad nacional y crea debates acerca de las estrategias a implementar. Del mismo modo, ayuda a reinventar el significado del “ser indígena”, contribuyendo de forma decisiva a la formación de la identidad de los pueblos, ya que el territorio no se limita a su mero valor económico sino que trasciende a los ámbitos sociales y culturales más profundos, posibilitando la reproducción de la propia cultura e identidad mediante la reproducción de la práctica de su modo de vida en relación al territorio y toda la cultura que ello conlleva.

MÁS INFORMACIÓN: Anuario el Mundo Indígena 2015

Acerca de Rafael Lucena 1 Article
Córdoba, 1989.Licenciado en Historia con Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Granada. Interesado en política y cultura y, en cuanto a áreas geográficas, América y el Mediterráneo.

1 comentario en Nativos latinoamericanos: recuperando la soberanía

  1. Creo que el ejemplo de Bolivia sería muy útil para entender la complejidad del asunto. Evo Morales Ayma, actual Presidente lleva un primer apellido español y un segundo apellido aparentemente aymara. Al redactarse la nueva CPE se trató de resarcir daños para los indígenas”. Sin embargo, la clasificación de indígenas y no indígenas se hace imposible sobretodo en las urbes y puede llegar a ser racista dicha clasificación. ¿Cómo medir quién es y no indígena? ¿Color de piel? ¿Rasgos faciales? ¿Lengua materna? ¿Prueba genética?

    Yo pienso que indígena es quien nace (originario) en un determinado lugar. Sin embargo, no se puede negar que hoy en Bolivia aymaras y quechuas con su vestimenta propia pueden aspirar a ser Diputados, Alcaldes, Gobernadores o Presidentes mientras que es muy difícil que un indígena de San Juan Chamula (Chiapas, MX) siquiera sueñe en ser Gobernador de su estado.

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